Desde hace dos años, Pablo Lyle enfrenta un proceso legal por el homicidio de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano al que golpeó en plena vía pública en Miami (Florida) y quien lamentablemente murió días después. Sin embargo, al actor le llueve sobre mojado, pues ahora se enfrenta a una nueva demanda.
Y es que, tras darse a conocer que su juicio se llevará a cabo hasta el próximo mes de junio, ahora se enfrenta a una demanda civil por parte del hijo del fallecido, quien le reclama 15 mil dólares (más de 300 mil pesos mexicanos) por daño emocional.
De acuerdo con la agencia EFE y con distintos medios en Miami, Juan Ricardo Hernández Jr. demandó también al cuñado del actor, Lucas Delfino, quien conducía el vehículo en el que viajaba el histrión con su hijo camino del aeropuerto de Miami el 31 de marzo de 2019, cuando se produjo el altercado en el que Pablo golpeó al latino de 63 años.
En un semáforo, el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho y, en medio de esa discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante.
El sexagenario murió el 4 de abril de 2019 en un hospital. Un informe forense del condado de Miami-Dade reveló que Juan murió a raíz de "complicaciones por trauma contundente en la cabeza" e indicó "homicidio" como probable causa de la muerte.
El hijo del fallecido reclama la cantidad mencionada debido a los "severos daños emocionales" y el "sufrimiento causado por la violenta muerte de su padre", según Telemundo. El implicado afirma que se vio obligado a utilizar la herencia de su padre para pagar los gastos médicos y el entierro, señaló Univision.
El actor de la película Mirreyes vs Godínez (2019) está bajo arresto domiciliario en Miami a la espera de un juicio que comenzará el 17 de junio, si no hay nuevos cambios.
En una de las audiencias, Pablo Lyle dijo que pensó que Juan Ricardo pudo haber tenido un arma: "Sentí pánico, pensé que podía perder a mi familia". Tras la muerte de Hernández, fue acusado de homicidio involuntario, puesto en arresto domiciliario y lleva un monitor GPS en el tobillo para que las autoridades conozcan sus movimientos las 24 horas del día.
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